Estadsticas sobre las violencias contra las mujeres en el sistema de justicia penal en Chile

Vol. 1. N°25 (I Semestre 2017) –Foro Científico

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Playa Ancha

Valparaíso, Chile | e-ISSN 0718-4018 http://www.revistafaro.cl                                                             

 

Estadsticas sobre las violencias contra las mujeres en el sistema de justicia penal en Chile.

Statistics on violence against women in the criminal justice system in Chile


Fabiola Miranda-Prez
InstitutdՃtudesPolitiques de Grenoble.
fabiola.mirandaperez@iepg.fr

                                                         

 

Recibido: 29 de mayo de 2017
Aceptado: 26 de julio de 2017

 

 

g   Resumen • El presente artículo propone iniciar una reflexión en torno a la producción de estadísticas sobre los casos judiciales relacionados con las violencias intrafamiliares, en general, y sobre las violencias contra las mujeres en particular, en Chile. Para ello se procede al análisis de documentos estadísticos propuestos por las propias instituciones de justicia, y por organismos que observan su trabajo y que participan en la construcción de la problemática. Se plantea que, si bien en Chile la judicialización de la temática de las violencias intrafamiliares ha sido planteada desde el mantenimiento del modelo familiar tradicional, lo cual se refleja en el propio nombre de la ley, la politización de este asunto ha estado estrechamente vinculado a la construcción de la mujer víctima y del hombre agresor. En ese sentido resulta determinante poder comenzar a establecer categorías diferenciadas que nos permitan tener un verdadero reflejo de la envergadura de este problema público, pero también una caracterización diferenciada que implique el desarrollo de respuestas en adecuación a las necesidades de la ciudadanía.

g   Palabras clave   • Violencia contra las mujeres - Violencia intrafamiliar - Tribunales de justicia – Estadísticas - Femicidio

g   Abstract This paper aims to discuss the production of statistics about judicial cases related to domestic violence in Chile,with specific concern about violence against women. It therefore analyzes statistical documents publicized by judicial institutions and organizations that monitor the latters’ work,both participating in the construction of domestic violence as an issue. In Chile, the judicialization of the topic of domestic violence has been brought up from the conservation of the traditional family model, as reflected in the name of the law. In spite of this, the article stresses, the politization of this issue has been closely linked to the construction of women as victims and men as attackers. We thus emphasize the importance of establishing differentiated categories that allow us to handle this issue and propose adequate responses to citizens’ needs.

g   Key WordsViolence against women - Domestic violence - Judicial courts – Statistics - Femicide

1. Introducción

La cuantificación, en tanto que fenómeno social, “existe desde que el hombre vive en sociedad” (Salais, 2010: 132). De este modo, se sostiene que “las primeras tentativas de enumeración de los individuos y de los bienes comienza con los grandes imperios de la Antigüedad” (Martin, 2001:14). Lo anterior como un modo de ampliar el conocimientosobre la población y el territorio. El establecimiento de registros se vuelve una herramienta fundamental de los gobiernos fuertes y extensos.

Es por esta razón que, a medida que las sociedades se van complejizando, así como también los modos de gobernarlas, se hace necesario actualizar las herramientas que se utilizan en esta función. Tal como lo constata la historia, a fines de la Edad Media las técnicas de Estado se orientaron a mejorar el conocimiento de los gobernados en una “necesidad de control, de vigilancia” (Foucault, 2001) para lo cual las ciencias estadísticas resultaron útiles para proyectar el control del territorio y de los habitantes bajo el dominio de una autoridad(Ibíd).Siendo el manejo de la cantidad de infracciones y delitos que se dan en su interior, uno de los principales ámbitosque los Estados se preocupan de manejar.
Las primeras compilaciones de datos judiciales tienen lugar en Inglaterra y en Francia. Surgiendo por primera vez en el año 1778por parte del jurista inglés Jeremy Bentham la iniciativa de reunir información sobre el delito (Mugellini, 2008). Sin embargo, no es hasta 1827 que el director de los asuntos criminales del Ministerio de Justicia, Guerry de Champneuf,publica el primer compendio de estadísticas criminológicas francesas, surgiendo a partir de este hito la disciplina de la criminología científica (Kaluszynski, 2002).

Junto a lo anterior, la necesidad de fiscalizar a los organismos de justicia y sus operaciones implicó el desarrollo de estadísticas de su actividad a mediados del siglo XIX. Pese a que“las estadísticas han sido percibidas como un instrumento [de gobierno]” (Desrosières, 2011: 4), por parte de diversos autores (Foucault, 2001; Boltanski, 2004), ellas deben analizarse teniendo en cuenta los contextos en los cuales se producen, ya que pueden ser reveladoras de los usos políticos para los cuales ellas son puestas en marcha. Ahora bien y más allá de lo anterior, medir, posibilita constituir “puntos de apoyo para describir situaciones económicas, denunciar injusticias sociales, [y] justificar acciones políticas” (Desrosières, 2010:7). En este sentido, para el caso de las violencias contra las mujeres en Chile, la contabilización y producción de estadísticas no solo ha estado la base de la legitimación de la acción gubernamental, sino que también se ha transformado en un desafío tal como lo presentaremos durante el presente artículo.

En el caso chileno, el tratamiento de las violencias intrafamiliares - sobre todo aquellas orientadas a las violencias contra las mujeres en el ámbito conyugal-, han movilizado la acción pública, para lo cual se han creado procedimientos e instancias especiales al interior de las instituciones de justicia, sobre todo a partir de la promulgación de la segunda ley sobre las violencias intrafamiliares en 2005 (Casas& Vargas, 2011). Ahora bien, frente a este contexto surgen las interrogantes:¿cuál es la real envergadura de la problemática? ¿Cuáles son las condiciones en las que se producen las cifras por parte de las instituciones de justicia? ¿Cómo a través de los datos podemos encontrar información sobre las violencias contra las mujeres cuando ellas se han integrado en la categoría de violencia intrafamiliar? En este artículo nos esforzaremos en rescatar, a través del estudio de estadísticas de las causas judiciales, el alcance de la problemática, con el fin de obtener información objetiva sobre la cantidad de causas relacionadas con violencia intrafamiliar y en particular de aquella que afecta a las mujeres.

El presente artículo hace una aproximación a las complejidades que presenta la cuantificación de ésta problemática social, pues contrariamente a otros tipos de delitos y faltas, es un fenómeno que no puede ser observado directamente y que por lo general depende de la movilización de recursos de las propias víctimas. Así, la apelación genérica de la ley de violencia “intrafamiliar” impide la caracterización detallada de las víctimas y de las circunstancias en las cuales los distintos tipos de maltrato pueden tener lugar. Pese a que lo anterior puede resultar problemático, las estadísticas se constituyen como una herramienta útil para establecer el funcionamiento que poseen los tribunales, las cargas de trabajo de los funcionarios, e incluso en el establecimiento de la eficiencia de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, resulta también importante relegar que las decisiones en cuanto a la estrategias de medición pueden ir más allá de los aspectos técnicos llegando a visibilizar estrategias ideológicas de los actores políticos que irán apareciendo tanto en la forma de establecer un registro como a la hora de fundamentar algún programa de acción (Fouquet, 2010). 

Recordemos que en 1994 se promulga la primera ley de violencia intrafamiliar. En ese entonces, el debate sobre la apelación de la ley oponía a las mujeres militantes, pero también a las autoridades públicas de la época (Araujo et al, 2000). Recordemos también, que el concepto de violencias intrafamiliares era promovido por el mundo conservador de los partidos de derecha, pero también por la Democracia Cristiana, partido que considera este término como más neutral (Ibíd.). En efecto, el concepto de violencia intrafamiliar, permite situar las violencias contra las mujeres en un contexto en donde ellas no son las únicas afectadas, sino que también la familia.

La promulgación de una segunda ley sobre las violencias intrafamiliares en 2005 - ley nº 20.066-, implica un avance cierto en lo relativo a la protección de las víctimas de este tipo de violencias ya que de igual manera criminaliza los ataques tanto psicológicos como físicos bajo el nombre del delito de maltrato habitual (Villegas, 2012). De esta manera, se contempla la participación de la recientemente creada jurisdicción de familia, en las primeras, y cuando ellas son repetidas o revisten el carácter de delitos en la sede penal. Pese a que la nueva ley mantiene la apelación de intrafamiliar, la lectura social y política frente a la problemática ha evolucionado (Miranda-Pérez & Sanz-Gavillon, 2015). Ejemplos de lo anterior los encontramos en la difusión de políticas públicas por parte del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) que ponen en marcha “Los Centros de la Mujer”, “las Casas de Acogida”, pero también en la politización de los crímenes violentos de hombres contra sus parejas mujeres captados por la ley que sanciona el femicidio en 2010. Frente a lo anterior, los discursos de la ciudadanía, pero asimismo aquel de los agentes que intervienen en materia de violencias intrafamiliares, han estado, en la última década, en gran medidavinculados con las violencias que sufren las mujeres en el contexto de pareja.

Si bien es cierto que las leyes nos entregan los marcos sobre los cuales se deberán establecer las estadísticas al interior de los órganos de justicia, la cuantificación no se trata de un proceso lineal. La calificación de un acto implica múltiples variables que atraviesan desde las decisiones políticas al quehacer cotidiano de los organismos de justicia. Es así, que desde la perspectiva de la Criminología sociológica o crítica (Melossi, 1984) es necesario situarse en una posición de cuestionamiento frente a las estadísticas sobre los delitos, es decir, los datos deben estar en relación al contexto de su producción para poder entender qué representan y qué tipo de discurso buscan hacer circular. En resumen se trata de mostrar cuáles son las limitaciones que presentan las estadísticas oficiales con el objeto de mejorar su aprehensión. Bajo este enfoque, en el presente artículo se procederá al análisis las estadísticas propuestas por distintas instituciones del Estado que se dedican a caracterizar el fenómeno de las violencias intrafamiliares y su impacto en la justicia, a saber, el propio Poder Judicial, y el Ministerio Público, pero asimismo de instituciones que observan el trabajo de estas instituciones como el Instituto Nacional de Estadísticas, o que también generan datos de manera paralela, como el Registro civil de identificación o el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaria de Prevención del Delito.

En un primer momento del artículo, partiremos presentando los principales delitos por los cuales la justicia penal comienza a tener un rol activo en materia de violencias intrafamiliares desde el año 2005, para luego indagar en las formas de término que son usadas en esta jurisdicción. Finalmente se procederá a un análisis sobre la construcción de categorías por parte de las instituciones públicas encargadas del registro, a la hora de caracterizar el fenómeno de las violencias contra las mujeres para cuestionar su pertinencia como insumo para la elaboración de políticas públicas.

2. La justicia penal frente al delito de maltrato habitual

A partir de la creación de los Tribunales de Familia en 2004, y de su puesta en marcha en 2005, coincidentemente con la promulgación de la segunda ley sobre las violencias intrafamiliares, esta jurisdicción se ha hecho participe del tratamiento de las violencias que según la ley éste puede conocer. Según la ley nº 20.066, los Tribunales de Familia pueden conocer los casos en que la violencia no reviste el carácter de delito, a saber, cuando se trata de violencia psicológica y cuando los episodios de ésta no tienen carácter repetitivo, como para conformar el “delito de maltrato habitual” (Casas &Vargas, 2011). En los casos en que el tribunal conoce de un asunto relativo a las violencias intrafamiliares, ellos pueden ser terminados por cuatro vías: sentencia definitiva, archivo, suspensión condicional de dictación de la sentencia , o bien por la declaración de incompetencia por encontrarse frente a la figura del delito de maltrato habitual.

Cuando los jueces de familia declaran su incompetencia para conocer el asunto que tienen frente a ellos, se procede a derivar este tipo casos a la justicia penal (Casas &Vargas, 2012). En el año 2014, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, se registraron 19.702 causas de VIF terminadas por declaración de incompetencia del juez de familia (INE, 2014: 75), representando un 14,1% del total de las causas terminadas al interior de esta jurisdicción (Íbid: 78). Ante la presencia del delito de maltrato habitual, se deriva a la parte denunciante al Ministerio Público, quién debe recibir la denuncia para proceder a la investigación del caso (Casas &Vargas, 2012). Sin embargo, entre la justicia de familia y esta institución existe una disminución considerable de las causas. Así, del total de causas de VIF ingresadas al Ministerio Pblico para el mismo periodo (132.055) (Ministerio Público, 2015:71), sólo 13.077 (Ministerio Público, 2015: 72) corresponden al delito de maltrato habitual.

Los datos disimiles pueden tener su fundamento en que las causas no son ingresadas de manera automática al sistema penal, por lo cual, si el denunciante no se dirige de propia consciencia, las causas son abandonadas, como en el caso de un desistimiento. Por otra parte, esto se podría explicar en que como se trata de un delito difícil de probar, debido a que él sólo viene amparado por el relato de las víctimas, son más bien los delitos anexos a la violencia intrafamiliar, como las lesiones, y las amenazas privilegiados por la Fiscalía para presentar los cargos. Podemos ver, utilización de la figura legal del delito habitual, resulta mínima dentro de la justicia penal. De ello queda registro en las estadísticas sobre condenados generadas por el Poder Judicial entre los años 2010-2014.

Tabla 1: Condenas por maltrato habitual 2010-2014.


Año

Condenados por maltrato habitual

2010

210

2011

190

2012

212

2013

157

2014

84

Elaboración propia a partir del informe “Poder Judicial en números, año 2015 “.

Es interesante, observar que desde la creación del delito de maltrato habitual, esta figura ha sido subutilizada, sobre todo si consideramos la cantidad de denuncias que ingresan a la justicia penal por este motivo (13.077, durante el año 2014). En ese sentido, es importante destacar que las condenas por maltrato habitual sólo cubren un pequeño porcentaje en relación al total de ilícitos cometidos en contexto intrafamiliar. En efecto, vemos como el delito de maltrato habitual ha implicado un avance más bien simbólico (Mégie, 2014) que práctico, pues su utilización resulta limitada al interior de la justicia penal.

  1. La figura del femicidio

 

Como la mayoría de los países de América Latina, Chile, comienza a trabajar en la modificación de su marco jurídico, luego de la ratificación de la Convención Bélem do Pará sobre la erradicación de las violencias contra las mujeres a fines de los años ’90. De este modo, el país avanza en la creación de instrumentos que permitan entregar una protección a las mujeres en el marco de las violencias de pareja (Guerrero, 2012). La toma en cuenta de la problemática por parte del Estado, se acompaña también de una mediatización de los casos de violencia grave contra las mujeres que pueden terminar con ella como víctima mortal . Poco a poco en Chile se comienza a utilizar el término “femicidio” para nombrar los casos en que las mujeres son asesinadas por hombres en razón de la violencia de género. El término femicidio proviene de la palabra en inglés “femicide”, utilizada por primera vez por Diana Russel en 1976. Russel, define este hecho como “el asesinato de mujeres llevado a cabo por un hombre por motivos de odio, desprecio, o placer o en el sentido de propiedad de la mujer” (Russel, 1986). Pese a que el término llega un poco más tarde en América Latina, y que éste no genera consenso, los grupos de mujeres logran poco a poco incorporarlo en las leyes con el propósito de dar un paso hacia transformaciones sociales (Garita, 2013).
En Chile, luego de un gran debate al respecto, que comienza al interior del mundo político desde el año 2007, con la presentación del proyecto de ley sobre femicidio, a fines del año 2010, se adopta la ley que permite integrar la dimensión de género al interior del Código Penal y de la propia ley sobre las violencias intrafamiliares . La ley sobre femicidio modifica la antigua formulación sobre parricidio, definiendo el femicidio como el homicidio de una mujer por un hombre realizado en su calidad “de cónyuge o conviviente” . En cuanto a las penas asociadas estas van desde los 15 años hasta pena perpetua . A pesar que la ley sobre femicidio introduce una serie de modificaciones en la legislación chilena, el texto legal no contempla todas las situaciones en que las mujeres pueden ser asesinadas por motivos de violencia machista ya que el vínculo matrimonial o de convivencia es un requisito de su aplicación (Villegas, 2012). De este modo, el femicidio podemos indicar que el delito de femicidio responde a un contexto particular que tiene que ver al igual que la ley de violencias intrafamiliar con la existencia de vínculos de filiación matrimonial (cónyuge) o parental (hijos en común) (Corn, 2014).

4. Término de los casos y sentencias en la justicia penal

Como primer elemento queremos mencionar la penalidad especial que poseen los casos vinculados con la violencia intrafamiliar desde la reforma de la ley del año 2005. La ley de 2005 implica la modificación de normas al interior del Código Penal en relación a las lesiones que tienen lugar en un contexto de violencia intrafamiliar . Así, se aumenta la gravedad considerando siempre que las lesiones en este contexto no constituyen una lesión leve . Para esto, se modifica el artículo 400 del Código Penal señalando que cualquier tipo de lesión delictual en contexto de violencia intrafamiliar será sancionada con la pena asignada al crimen o simple delito aumentada en un grado .

Las causas de VIF en la justicia penal pueden finalizar por un término judicial como: la sentencia definitiva, sobreseimiento definitivo , facultad para no iniciar investigación y la suspensióncondicional del procedimiento; o bien por un termino no judicialcomo: archivo provisional , principio de oportunidad , decisión de no perseverar y declaración de incompetencia. A continuación profundizaremos sobre las formas de trmino más comunes de las causas VIF en los tribunales penales.

4.1 La suspensión condicional en cifras

La suspensión condicional del procedimiento es un instrumento que se utiliza en la justicia penal chilena para dar una alternativa a las salidas judiciales comunes como lo son el archivo, la sentencia o la absolución. Se trata de un beneficio al que pueden optar personas que por primera vez cometen un delito, o que dado la baja penalidad de la falta puede comprometerse a la realización de una condición con el objeto de que termine la investigación y el proceso judicial. Normalmente, en los casos de violencia intrafamiliar, el juez luego de revisar los antecedentes puede proponer al fiscal y la defensa la utilización de esta figura (Miranda-Pérez, 2017). La condición que se suele establecer en estos casos de violencia intrafamiliar, es la participación de los imputados en talleres o en tratamientos de corte psicológico que permitan establecer nuevas maneras de resolución de conflictos basados en el dialogo y el respeto con las personas que han agredido (Ibíd.).

De acuerdo con datos del Ministerio Pblico, el año 2015 finalizaron 159.717 (Ministerio Público, 2016:87) causas relativas a delitos en contexto de violencia intrafamiliar. De stas, el 18,92% terminaron mediante suspensión condicional del procedimiento, siendo ésta la principal forma de trmino judicial de las causas VIF en el proceso penal (Ibíd.). Desde el punto de vista de los que se oponen a la judialización de las violencias en contexto de pareja, la figura de la suspensión condicional resulta atrayente porque implica un ahorro en recursos humanos y económicos, pues evita el inicio de una investigación por parte del Ministerio Público y porque los imputados no son anotados en el registro público de condenas por violencias intrafamiliares que pone en marcha el Registro Civil de Identificación (Miranda-Pérez, 2017). Toda vez que, pese a lo anterior, permite por el sólo hecho de tener abierto el caso entregar protección por intermedio de la Policía a las víctimas y cercanos.

4.2 Otras formas de termino de las causas de VIF

Es importante señalar que existen diversas dificultades en los casos de violencia intrafamiliar. Primero, es que siempre existe la posibilidad que exista una situación de retractación de la víctima, incluso ya iniciado el procedimiento. Segundo, aún son muy limitados los casos en que el Ministerio Público pone en marcha una investigación, ya que generalmente las causas se basan en el relato y pocas veces en pruebas. Bajo estas premisas, podremos entender mejor las cifras.

Del total de causas terminadas el año 2015 relativas a delitos en contexto de violencia intrafamiliar un 59,49% finalizaron mediante una salida judicial; por su parte, el 40,51% restante finalizaron por salidas no judiciales (Ministerio Público, 2016). En cuanto a las salidas judiciales, el 9,57% de las causas terminaron mediante dictación de sentencia condenatoria y sólo el 3,01% por sentencia definitiva absolutoria. Cabe señalar que en cuanto a los casos terminados por sentencia condenatoria, en su mayoríacorrespondían a los delitos de lesiones (49,81%) y de amenazas en contexto de VIF (36,72%). Slo el 8,39% de causas de maltrato habitual finalizaron mediante esta salida judicial. Por su parte, la facultad para no iniciar investigación fue aplicada en el 7,40% de los casos, finalmente, se sobreseyeron definitivamente el 6,81% de las causas de VIF.

Si consideramos que más del 40% lo constituyen salidas no judiciales, y que dentro de las salidas judiciales (59,49%) se integran las categorías de sobreseimiento definitivo , la facultad para no iniciar investigación y la suspensión condicional del procedimiento, es posible observar la baja penalidad de los delitos en contexto de violencia intrafamiliar en relación al aumento de judicialización de esta problemática en los últimos años sobre todo en la justicia penal (Casas & Vargas, 2012). Esto deja entrever que son numerosos los casos en que una vez presentados a la justicia terminan por ser descartados ya sea por los actores judiciales o por las propias víctimas y denunciantes.

Si bien las cifras, nos permiten llegar a ciertas conclusiones, ellas poseen poca información en relación a quién denuncia los hechos tendiendo a una invisibilización de los sujetos de la violencia. Sin embargo, el aumento en las denuncias demuestra la importancia de contar con datos más detallados sobre las víctimas y los contextos en que se desarrolla la violencia para poder por consecuente poseer mejores dispositivos al interior de la justicia orientados al apoyo y el acompañamiento de las víctimas.

5. Indicadores y prevalencia de las violencias contra las mujeres

Es necesario destacar que muchas de las estadísticas disponibles no cuentan con información sobre el sexo de las víctimas, debido a que se trata de una ley de violencia intrafamiliar que incluye a cualquier miembro susceptible de ser el denunciante. Ahora bien, el discurso estatal a través de las políticas públicas que se asociaron a la creación de la ley sobre las violencias intrafamiliares, se ha enfocado en el desarrollo de instrumentos que interpretan a las mujeres como principales víctimas de las violencias en la esfera privada. De este modo, se han excluído las situaciones en que los hombres sufren maltrato, o invisibilizando las situaciones de violencia contra los adultos mayores. Bajo esta situación, la violencia intrafamiliar suele ser sinónimo de violencias contra las mujeres en el contexto de pareja. En consecuencia, y pese a que se ha evitado la utilización de la categoría de género como una base para la comprensión de relaciones desiguales de poder por parte de las leyes, el género, y las diferencias sexuales son claramente presentes en la traducción que realizan las autoridades públicas.

Tal como se inicia al comienzo del artículo, cada organismo produce sus propios datos, y es necesario contrastarlos para entender la real envergadura del problema público. De este modo, el criterio de clasificar a los/las denunciantes por sexo muchas veces queda inscrito en la propia institución que sistematiza sus datos, no siendo obligatorio.Ahora bien, desde que Chile comienza a generar instrumentos para mejorar la performance de los servicios públicos, que son conocidos en este país como “Programas de mejoramiento de la gestión” o PMG , desde el año 2003, se les solicita a los organismos y servicios públicos comprometer metas de gestión para que los funcionarios puedan optar a una prima económica. Así, el Estado elabora una lista de áreas a mejorar, por ejemplo en relación con la calidad del servicio entregado por sus instituciones, y en esa clasificación surge la categoría de género como un componente esencial para mejorar la performance de los servicios públicos. Dentro de lo que se conoce como áreas de la gestión en Chile se incorpora entonces el PMG de género, siendo uno de los principales compromisos la generación de información, así cada institución comienza visibilizar a través de la producción de datos el alcance de sus políticas públicas en la población femenina (Miranda-Pérez & Godoy-Hidalgo, 2016). Con todo, los organismos del Poder Judicial no son obligados a cumplir con estas metas de gestión , sin embargo, lo señalado es relevante, porque de manera local se comienzan a elaborar datos que evidencian la situación de las mujeres, o al menos a desagregar la información de los usuarios por sexo. Lo que con el pasar de los años ha generado que distintas instituciones vayan generando datos más específicos sobre la población femenina.Ahora bien, lo anterior no es aún una tendencia generalizada.

En cuanto al Ministerio Público, éste registra los delitos y las denuncias, sin embargo, antes del año 2011 la institución no genera información sistemática sobre el sexo, la edad de la víctima y del agresor. A partir de ese momento el Ministerio Público comienza a desagregar datos por sexo, pero aún no cuenta con un registro que especifique o que rinda cuenta del contexto o del vínculo entre la víctima y el agresor.

Considerando las cifras proporcionadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito dependiente del Ministerio del Interior y de la Seguridad Pública, y de las estadísticas recientes que ha elaborado el Ministerio Público, en donde se han desagregado los datos por sexo del denunciante desde el año 2011, hemos realizado un cuadro que nos aproxima a ver la proporción de mujeres denunciantes en relación con los hombres para los delitos en contexto de violencia intrafamiliar .

Tabla 2: Comparación Total de Delitos VIF y Delitos VIF hacia mujeres entre Ministerio Público y Carabineros

 

Ministerio Público

Carabineros

 

Total de denuncias por VIF

Cantidad de Mujeres denunciantes

Porcentaje en relación al total

Total de denuncias por VIF

Cantidad de Mujeres denunciantes

Porcentaje en relación al total

2011

140.914

114.248

81,07

122.079

96.841

79,32

2012

138.721

112.818

81,32

113.140

89.249

78,88

2013

143.995

114.262

79,35

110.157

87.203

79,16

2014

140.022

110.547

78,94

104.056

81.866

78,67

2015

130.634

102.517

78,47

96.650

75.391

78

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos del sitio web del Ministerio Público en la sección estadísticas (años 2011 al 2015), y de la Subsecretaría de Prevención del Delito en relación la Cantidad de denuncias VIF ingresadas por Carabineros.

A partir de las presentes cifras disponibles, las únicas en las que poseemos información sobre el sexo de los denunciantes, podemos constatar, que en general las mujeres denunciantes acuden más al Ministerio Público que a Carabineros, por lo que podemos observar una tendencia a la judicialización de la problemática por parte de las mujeres afectadas por las violencias. Por otra parte, también nos es posible ver que dentro de los porcentajes totales de causas denunciadas por VIF ya sea en Carabineros o directamente al Ministerio Público para su posterior investigación en Tribunales de Justicia sobre el 75% corresponde a casos en donde las mujeres han sido las víctimas de las lesiones o infracciones contra la ley de violencia intrafamiliar.Ahora bien, pese a que estas cifras nos rinden cuenta de porqué el Estado ha generado más instancias de apoyo para las mujeres víctimas de la violencia de pareja, las denuncias no han sido clasificadas por tipo de agresor. De este modo, dentro de la segregación por sexo existen denuncias que pueden salir del marco de la violencia conyugal, por ejemplo en los casos de agresión a mujeres por parte de sus padres, o en caso de las mujeres adultas mayores en donde la violencia puede ser realizada por parte de sus hijos o nietos.

Los tipos de causas ingresadas y terminadas por año desde el año 2007 al 2015 sobre violencia intrafamiliar a la Fiscalía fueron los siguientes:

Tabla 3: Causas ingresadas y terminadas por VIF o en Contexto VIF entre 2007-2015.

MP

Causas ingresadas al Ministerio Público en contexto VIF

TP

Causas ingresadas en Tribunales penales en contexto VIF

Categoría Delitos

2007

2008

2009

2010

2011

 

 MP

 TP

 MP

 TP

 MP

 TP

 MP

 TP

 MP

 TP

Delitos sexuales

 

 

 

 

 640

 540

 774

 639

 563

 639

Maltrato Habitual

 6.451

 6.680

 8.165

 9.371

 7.484

 8.700

 8.313

 8.724

 8.515

 10.142

Femicidio

 

 

 

 

 

 

 

 

 43

 16

Otros Delitos

 686

 634

 1.794

 1.671

 1.029

 1.162

 1.293

 1.409

 1.468

 1.751

Amenazas

 14.038

 11.374

 31.992

 32.505

 39.937

 43.510

 43.896

 48.702

 52.980

 62.523

Desacato

 563

 409

 1.437

 1.378

 2.568

 2.466

 3.112

 3.370

 3.931

 4.392

Parricidio

 192

 112

 197

 164

 136

 159

 126

 141

 53

 87

Homicidio

 

 

 

 

 39

 31

 37

 46

 37

 35

Lesiones

 34.176

 34.979

 54.652

 61.366

 63.267

 75.959

 65.064

 79.428

 73.324

 99.163

TOTAL

 56.106

 54.188

 98.237

 106.455

 115.100

 132.527

 142.459

 142.459

 140.914

 178.748

TOTAL AÑO

                    110.294

                   204.692

                   247.627

                   284.918

                   319.662

Categoría Delitos

2012

2013

2014

2015

 

 MP

 TP

 MP

 TP

 MP

 TP

 MP

 TP

Delitos sexuales

 593

 608

 518

 621

 647

 664

 603

 633

Maltrato Habitual

 6.389

 6.644

 10.539

 10.799

 13.077

 13.201

 12.732

 13.397

Femicidio

 37

 41

 77

 62

 66

 60

 76

 74

Otros Delitos

 1.583

 1.855

 1.685

 1.926

 1.851

 2.026

 1.862

 2.151

Amenazas

 55.069

 66.495

 57.588

 64.665

 54.327

 63.205

 49.012

 58.644

Desacato

 4.272

 4.606

 4.505

 4.946

 4.555

 5.033

 4.304

 5.164

Parricidio

 42

 46

 63

 61

 64

 54

 61

 69

Homicidio

 37

 37

 43

 44

 28

 31

 21

 31

Lesiones

 70.699

 99.299

 68.977

 92.357

 65.407

 82.555

 61.963

 79.554

TOTAL

 138.721

 179.631

 143.995

 175.481

 140.022

 166.829

 130.634

 159.717

TOTAL AÑO

                   318.352

                   319.476

                   306.851

                   290.351

Fuente: Elaboración Propia, Datos obtenidos de Estadísticas Ministerio Público, 2007-2016.

Se observa, por lo tanto, que la mayoría de ingresos por delitos en contexto de violencia intrafamiliar en el Ministerio Público desde el año 2007 al 2016 han sido lesiones, amenazas y maltrato habitual, que viene previamente derivado por los Tribunales de familia. Pese a que a través del cuadro podemos observar cómo aumenta la utilización de la figura de femicidio en detrimento de aquella del parricidio, y que podemos enunciar que el delito de lesiones es una figura que rinde cuenta de la amplitud de la violencia física al interior de tribunales, no existe un registro público que informe del sexo de la víctima, de la edad o del tipo de vínculo con su agresor. De esta manera, resulta imposible caracterizar el fenómeno y entender las dinámicas en juego.

6. Las estadísticas sobre femicidio en Chile

En Chile, la contabilización de los femicidios es previa a la puesta en marcha de la ley que establece esta figura como un agravante del delito de homicidio. Dicha contabilización comienza el año 2008 por el Servicio Nacional de la Mujer, actual Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, debido a la gran mediatización de estos casos (Hernández Orellana, 2015). En el año 2010, se modifica el Código Penal, y a través de la incorporación de la figura del femicidio. Actualmente, el femicidio es considerado un crimen de alta connotación pública, por lo cual no es sólo SERNAM la fuente de producción de datos, sino que también lo acompaña en esa tarea el Ministerio Público y de la sociedad civil.

Tabla 4: Cantidad de femicidios por año registrados por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género


Año

Número de Femicidios Consumados

2008

59

2009

55

2010

49

2011

40

2012

34

2013

40

2014

40

2015

45

2016*

32

*Se consideran los datos hasta el 16 de Noviembre del 2016.
Fuente: Elaboración Propia, en base a los datos proporcionados por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en su sitio web institucional

Hoy en día los hechos de femicidios movilizan la acción pública y reciben una atención preferencial gracias a la creación de una red estatal para las victimas sobrevivientes de femicidio, o para las victimas asociadas a estos hechos, como los hijos de mujeres asesinadas. Sin embargo, aún la producción de datos sobre la prevalencia del delito no existe una unidad, pues cada institución que participa en la red estatal genera sus propios datos.

Tabla 5: Comparación de delitos de femicidio y parricidio registrados por el Ministerio Público


Categoría Delitos

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Femicidio

 

 

 

 

43

37

77

66

76

Parricidio

192

197

136

126

53

42

63

64

61

TOTAL

192

197

136

163

96

79

140

130

137

Elaboración propia : En base a datos obtenidos del Ministerio Público de los Boletines institucionales anuales entre 2011 y 2015, disponibles en el sitio web de la institución.

Es posible distinguir con la comparación entre ambos delitos, de parricidio y femicidio, que existe una disminución en la cantidad de causas ingresadas al Ministerio Público del delito de parricidio luego de la adopción de la ley sobre femicidio en 2010, debido a su especificidad. De este modo, al integrar la figura del femicidio se puede ver con más claridad quién es la víctima y victimario de esta violencia mortal.

También es posible distinguir una diferencia en la cantidad de casos ingresados como femicidios entre las dos fuentes antes mencionadas: Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género y Ministerio Público. Esto se puede explicar en razón de que el primer organismo sólo registra aquellos que han sido consumados, y el segundo toma en cuenta la cantidad total de demandas por este delito, incluyendo los casos de femicidio frustrado. Según las cifras presentadas por el Poder Judicial de los años 2011 y 2014, se puede destacar la cantidad de sentencias judiciales por el delito de femicidio, asimismo, la cantidad de imputados por el mismo delito:
Tabla 6: Sentencias judiciales por Delito de Femicidio según el Poder Judicial


Año

término por delito

condenados

2011

17

6

2012

96

42

2013

104

46

2014

126

52

Elaboración Propia, datos obtenidos del Poder Judicial (2011-2014) del informe del año 2015.

Es interesante observar el aumento progresivo de los términos y la cantidad de personas condenadas por el delito de femicidio desde la promulgación de la ley de 2010. Lo anterior, nos muestra que la figura legal ha sido enteramente integrada por los jueces y operadores de justicia. Además muestra un aumento en el término de las investigaciones por tal delito, junto con un aumento considerable en la cantidad de penas de privación de libertad para estos casos.

De este modo, podemos concluir que la integración de la categoría de femicidio en la ley penal ha permitido poner de manifiesto la existencia de un fenómeno que anteriormente se encontraba subsumido en categorías más generales como el parricidio y el homicidio. Hoy en día la visibilización de estos casos de extrema violencia ha permitido a la acción pública poner de manifiesto la importancia de la prevención de las violencias hacia las mujeres, asícomo su tratamiento por el sistema público. Lo que ha tenido efectos claros en la política pública de prevención y de tratamiento, la cual pasa de denominarse en 2013 de “Prevención de la violencia intrafamiliar” a “Prevención de la violencia contra las mujeres” o VCM. Es importante destacar que hoy en día bien que la ley se denomine de violencia intrafamiliar, esta categoría arriesga de desaparecer por el incremento de la visibilización de casos de femicidio y de extrema violencia.

Conclusión

En el presente artículo hemos podido observar que las violencias contra las mujeres son difícilmente categorizadas por las estadísticas del Poder Judicial ya que ellas se integran en categorías más generales como aquella de la violencia intrafamiliar o de los delitos en contexto de violencia intrafamiliar. Esta misma dificultad sigue presente en la producción de datos que otorgan otros organismos del Estado, específicamente, aquellos ligados al mundo de la seguridad como el Ministerio del Interior. No obstante, lo que llama más la atención en torno a la prevalencia del fenómeno en Chile, no son las cifras, sino que la falta de establecimiento de categorías que permita desarrollar un insumo a la hora deplanificación y diseño de las políticas públicas, y que permita establecer de manera clara los efectos en términos sociales de la problemática. Así, se observa una inadecuación de las categorías tiende a imposibilitarel establecimiento de prioridades en el marco del cumplimiento de la ley. Por otra parte, no se han podido encontrar datos que precisen ciertas situaciones ligadas al contexto en que las violencias tienen lugar, como, la edad, el sexo, o la nacionalidad de las afectadas.

Así, vemos que pese a las modificaciones que establece la ley de 2005 en relación a las violencias intrafamiliares, y que pese a que el organismo responsable de la coordinación de las políticas y planes es el actual Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, los datos que nos permitan una mejor comprensión siguen siendo limitados debido a la inclusión de un gran tipo de casos bajo el término de “intrafamiliar”. Sin embargo, la única excepción parece ser, las estadísticas sobre femicidio, que asumen el carácter sexuado de las violencias, ahora bien, al incluirse también dentro de una ley en que la filiación conyugal entre la víctima y agresor es esencial, se presencia también una subrepresentación del fenómeno social en términos de no mostrar las consecuencias que tiene una relación basada en la dominación de un sexo sobre otro, más allá de la existencia de dicho lazo de filiación.

Vemos entonces la necesidad de una producción de estadísticas que ayude a establecer categorías y formas de tratamiento más adecuadas por parte del Estado a la problemática. Sin embargo, y más allá de la producción de los datos también es importante conocer los contextos en los cuales se producen, y siguiendo la línea de Lieber, para poder entender que la producción de datos dependen también “de las representaciones de los actores sociales que establecen las estadísticas las cuales contribuyen [muchas veces] a ocultar [los verdaderos alcances] de las violencias contra las mujeres” (2011:164) en este país.

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Notas


Información disponible en el sitio del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género: http://www.minmujeryeg.gob.cl/sernameg/programas/violencia-contra-las-mujeres/femicidios/ Consultado el 17/11/2016.

El sobreseimiento definitivo, según el artículo 251 del Código Procesal Penal de Chile, es aquella salida judicial que pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada. Información en línea: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=176595 Consultado el 27/10/2016.

Los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) nacen el año 1998 y asocian el cumplimiento de objetivos anuales de gestión a un incentivo de carácter monetario para los funcionarios de las instituciones públicas en Chile.A partir de 2010 el incentivo monetario del PMG, corresponde a un 7,6% de la remuneración base anual, si la institución alcanza un grado de cumplimiento igual o superior al 90% de los objetivos anuales comprometidos. Información disponible en línea en el portal de la instituciónhttp://www.dipres.gob.cl/594/articles-114720_doc_pdf.pdf Consultado el 28/10/2016.

En Chile el Poder Judicial posee una administración distinta representada por La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), que se encarga de administrar “los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos del Poder Judicial […] La dirección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial está a cargo de un Consejo Superior, integrado por el Presidente de la Corte Suprema, quien lo encabeza, y cuatro ministros del máximo tribunal, elegidos por sus pares”. Información disponible en línea en el portal del Poder Judicialhttp://www.pjud.cl/#informacion-institucional Consultado el 24/10/2016.

Según su propia misión institucional la Subsecretaría de prevención del delito se define así: “La Subsecretaría de Prevención del Delito es una de las subsecretarías dependientes del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, reformado por medio del artículo 7° de la ley 20 502. La cual es responsable de elaborar, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas públicas destinadas a prevenir la delincuencia, rehabilitar y reinsertar socialmente a los infractores de la ley”. Información disponible en línea en el portal de la institución: http://www.seguridadpublica.gov.cl/preguntas-frecuentes/#enlace01 Consultado el 29/08/2016.

Cabe destacar que los datos obtenidos sobre las denuncias recibidas por Carabineros han sido solicitados por el sistema de Transparencia del gobierno de Chile a través de una solicitud de información pública. Estos datos no han sido parte de una publicación oficial, sino de un documento de manejo interno de la institución.


Se entiende por Criminología científica al “conjunto de conceptos, teorías, resultados y métodos que se refieren a la criminalidad como fenómeno individual y social, al delincuente, a la víctima, a la sociedad y en parte al sistema penal” (Hikal, 2011:4).

Recordemos que la primera ley sobre violencia intrafamiliar fue promulgada en Chile en 1994 bajo el número 19.325.

Ley de creación de los Tribunales de Familia señala: Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Si el denunciado o demandado reconoce ante el tribunal los hechos sobre los que versa la demanda o denuncia y existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que no ejecutará actos similares en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones: 
a) Que se hayan establecido y aceptado por las partes obligaciones específicas y determinadas respecto de sus relaciones de familia y aquellas de carácter reparatorio a satisfacción de la víctima;
b) Que se haya adquirido por el demandado o denunciado, con el acuerdo de la víctima, el compromiso de observancia de una o más de las medidas cautelares previstas en esta ley por un lapso no inferior a seis meses ni superior a un año. 
En línea: http://leyes-cl.com/crea_los_tribunales_de_familia/96.htm Consultado el 5/05/2017.

Ya en el año 2007 se hablaba de femicidio en Chile. Podemos encontrar registros de lo anterior en un reportaje realizado por el Centro de Investigaciones Periodísticas (CIPER) llamado “La guerra contra el femicidio” publicado el 6 de diciembre de 2007. Reportaje disponible en línea: http://ciperchile.cl/2007/12/06/la-guerra-contra-el-femicidio/ Consultado el 1/09/2017.

Ley nº 20.480

Artículo nº5 de la ley nº 20.480

Artículo 391 nº2 del Código Penal de Chile.

Artículo 21, Ley 20.066 (2005). En línea https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1075613&idParte=0 Consultado el 29/08/2016.

Estas lesiones son previstas y sancionadas en el artículo nº 399 del Código Penal, de esta manera lo que hizo el art. 21 de la ley 20.066 fue excluir la falta de lesiones leves en violencia intrafamiliar, no agravar el tipo. Disponible en línea: http://leyes-cl.com/codigo_penal/399.htm Consultado el 17/11/2016.

Artículo nº400 del Código Penal: “Si los hechos a que se refieren los artículos anteriores de este párrafo se ejecutan en contra de alguna de las personas que menciona el artículo 5º de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, o con cualquiera de las circunstancias Segunda, Tercera o Cuarta del número 1º del artículo 391 de este Código, las penas se aumentarán en un grado”. En línea: http://leyes-cl.com/codigo_penal/400.htm Consultado el 17/11/2016.

Según el Glosario de términos del Ministerio público, se señala: “Es una resolución judicialque pone término al procedimiento, o bien, suspende o paraliza el proceso. Si se trata de un sobreseimiento definitivo se pone término al procedimiento”. En línea: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/utilitarios/glosario.jsp#
Según el artículo 168 del Código Penal chileno la: “Facultad para no iniciar investigación” puede intervenir “en tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento, el fiscal podrá abstenerse de toda investigación, cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitieren establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado”. Disponible en línea: http://leyes-cl.com/codigo_procesal_penal/168.htm Consultado el 19/05/2017.

Según el artículo 168 del Código Penal chileno la: “Facultad para no iniciar investigación” puede intervenir “en tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento, el fiscal podrá abstenerse de toda investigación, cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitieren establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado”. Disponible en línea: http://leyes-cl.com/codigo_procesal_penal/168.htm Consultado el 19/05/2017.

Según el Glosario de términos del Ministerio público, se señala que el archivo provisional es una “facultad que se otorga a la Fiscalía para archivar aquellas investigaciones en las que no aparecieren antecedentes que permitan desarrollar actividades para el esclarecimiento de los hechos”. En línea: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/utilitarios/glosario.jsp#Consultado el 19/05/2017.

Según el Glosario de términos del Ministerio público, se señala que el principio de oportunidad es una “facultad que la ley otorga a los fiscales para no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada, respecto de un hecho que no compromete gravemente el interés público, a menos que la pena mínima asignada al delito exceda los 540 días o que se trate de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”. En línea: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/utilitarios/glosario.jsp#Consultado el 19/05/2017.

Según el Glosario de términos del Ministerio público, se señala que la decisión de no perseverar es una facultad que tiene la Fiscalía para comunicar “dentro de los 10 días siguientes al cierre de la investigación, por no haberse reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”. En línea: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/utilitarios/glosario.jsp#Consultado el 19/05/2017.

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