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Vol. 1. N°24 (II Semestre 2016) – Foro Científico

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Playa Ancha

Valparaíso, Chile | e-ISSN 0718-4018 http://www.revistafaro.cl                                                             

 

 

Regulaciones de la prostitución. Estudio preliminar de las experiencias de mujeres en Río Gallegos

The Campaign issues in Twitter: The case of the Aragon Presidential in 2015

 

Romina Alejandra Behrens [1]

Universidad Nacional de la Patagonia Austral,

rominabehrens@gmail.com

 

 

 

Recibido: 8 enero 2016

Aceptado: 30 mayo 2016

 

 

 

g   Resumen •Este artículo se interesa por los saberes y prácticas en torno a la prostitución en Río Gallegos, sur de la Patagonia Argentina, durante el último siglo (1912-2012). Alrededor de las tensiones entre la legislación local, provincial y nacional nos enfocamos en cómo los dispositivos de enunciación construyen al sujeto protagonista del caso y que a su vez operan como dispositivos de control social y, al mismo tiempo, nos interesa reconstruir el orden social de los discursos para dar cuenta de las relaciones de poder de esa circulación de sentidos en la que participan diversos sujetos sociales insertos en el ámbito de la política, la cultura, la medicina, la organización social, etc. incluidas las mujeres que ejercieron prostitución en la localidad. En esta ocasión presentamos algunos avances de la investigación: la exploración está orientada al análisis cultural y genealógico de los saberes y prácticas que se encuentran en pugna haciendo foco en las experiencias de las mujeres que ejercen prostitución. Al hacerlo, nos valemos de las categorías teóricas y metodológicas provenientes de los estudios culturales, el campo de la comunicación y cultura y los estudios de género y sexualidades.

g   Palabras clave  •Experiencia - discursos - luchas colectivas - prostitución - legislación


g   Abstract •This article is about knowledge and practices around prostitution in Rio Gallegos, Southern Patagonia Argentina during the last century (1912-2012). Around the tensions between the local, provincial and national legislation we focus on how the devices of enunciation construct the subject protagonist of the case and that in turn operate as devices of social control and at the same time, we want to reconstruct the social order of the discourses, to account for power relations existing in senses' circulation in which social subjects various are involved in the field of politics, culture, medicine, social organization, etc. including women who exercised prostitution in the town. This time we present some advances in research: exploration is oriented cultural and genealogical analysis of knowledge and practices that are in conflict with a focus on the experiences of women engaged in prostitution. In doing so, we use the theoretical and methodological categories from cultural studies, the field of communication and culture and gender studies and sexualities.

g   Key Words •Experience - discourses - collective struggles - prostitution - legislation


 

 

1. Introducción
Un estudio sobre prostitución y experiencias de mujeres necesariamente tiene que situarse en el debate polarizado con el que se han desarrollado las investigaciones académicas[2], entre quienes sostienen que la prostitución es una explotación sexual -posición abolicionista[3]- y quienes la legitiman como un trabajo para el beneficio de las trabajadoras sexuales. En esta tensión, los estudios que condenan a la prostitución se caracterizan por un feminismo radical que "vincula la teoría de la dominación masculina sobre las mujeres como una forma de explicar la desventaja de estas en todos los ámbitos de la vida pública y privada en las sociedades y las culturas patriarcales" (Ramalho, 2012). En esta línea, Carol Pateman (1995) define a la prostitución como una extensión del ejercicio de la ley del derecho sexual masculino y Catharine MacKinnon (2010) la considera un ejemplo extremo de cómo las sociedades construyen una sexualidad femenina como un objeto de deseo masculino.

En la otra posición existe bibliografía que va desde estudios más contractualistas o liberales a estudios que ponen el foco en la crítica a la estigmatización (Morcillo, 2012). Para estas últimas, la prostitución es el intercambio económico-sexual de carácter explícito y de corta duración, que se caracteriza por las relaciones entre mujeres y varones y que carga con fuertes connotaciones negativas (Pheterson, 1996; Juliano, 2002). Tanto Gail Pheterson como Dolores Juliano denuncian que es la ilegalidad la que provoca que las mujeres estén en situación de vulnerabilidad y de estigmatización.

A este proceso de etiquetación que se compone de la condición de clase y de género, se suman la exclusión material y simbólica que aparecen en los discursos asociados, por un lado, a las prácticas reglamentaristas que pretenden regular la actividad promoviendo controles sanitarios y morales y, por el otro lado, al abolicionismo que busca erradicar la prostitución bajo el postulado de la explotación y la condición de víctima, sin reconocer la proclama de autonomía de las mujeres organizadas en torno al trabajo sexual.

Nuestra propuesta intenta recuperar tanto las desigualdades de género que la corriente abolicionista remarca como la estigmatización de las mujeres marcada en los estudios que se consideran defensores del trabajo sexual. En este sentido, nos interesa comprender el fenómeno trascendiendo el análisis sobre una reproducción del orden sexual dicotómico (víctima/victimario) y reubicando a los colectivos estigmatizados en contextos de desigualdad más complejos que la mera relación entre dominantes y dominados. Esto permite la mirada sobre las sexualidades disidentes por afuera de la división clásica entre lo femenino y lo masculino y comprender la vida sexual de varones y mujeres sin culpabilizar ni victimizar a ninguno. No sin posicionarnos ante el problema, consideramos que esta asunción política habilita cierta permeabilidad desde el punto de vista de los sujetos involucrados, considerando que las experiencias de las mujeres son múltiples y diversas y por lo tanto, no podemos enclaustrar los sentidos sin advertir lo anterior.

En este contexto, nuestra propuesta es pensar a la prostitución femenina heterosexual como constituyente de una dimensión peculiar en la vida sexual de Río Gallegos en virtud del lugar que ocupa en la cultura local y en los imaginarios que circulan en los discursos los que poseen funciones normativas y reguladas (Foucault, 2002). La ciudad de Río Gallegos es considerada una de las ciudades de destino en el mapa de la trata de personas con fines de explotación sexual (UFASE, 2012) pero también, posee una historia local que pone en tensión las políticas abolicionistas a partir de los imaginarios sociales que consideran a la prostitución un "mal necesario" y por lo tanto la toleran pero por su peligrosidad y rentabilidad debe ser controlada (Morcillo y Justo, 2012).

Desde los inicios de la comuna local hasta la provincialización del territorio nacional de Santa Cruz y su posterior profundización del modelo productivo de pesca, petróleo y gas, la soledad y la distancia de la población preferentemente masculina, provenientes del extranjero principalmente ingleses, chilenos y alemanes, constituyeron un escenario en el que las mujeres que ejercían prostitución eran agentes de contención, compañía y actividad sexual, dejando como herencia una tradición cultural en torno al consumo de sexo que luego fue cuestionada fuertemente en el marco de la implementación de políticas anti-trata del último decenio[4].

En este sentido, nos interesa pensar en los saberes y prácticas que operan durante el siglo XX a través de los dispositivos de enunciación y en cómo estos construyen al sujeto protagonista del caso (pupilas, prostitutas, trabajadoras sexuales, víctimas, delincuentes), al mismo tiempo que nos interesa reconstruir un orden social del discurso en torno a la prostitución para dar cuenta de las relaciones de poder que existen en esa circulación de sentidos. Con ello, se espera contribuir a la (re) construcción crítica de una genealogía (Foucault, 1992) local de sentidos, prácticas y acciones públicas en torno a la prostitución durante el último siglo en ese enclave urbano sureño. De esta manera, nos dirigimos a la reconstrucción de la vida sexual de Río Gallegos, al repasar la matriz de género -que requiere de cuerpos femeninos disponibles- en relación al territorio, el sistema de producción y el comercio sexual durante el siglo XX y principios del siglo XXI.

 

2. Metodología

La opción por una reconstrucción genealógica de la prostitución local durante un siglo entero parte de una pregunta desde el presente que se vincula con los saberes de la prostitución que en la actualidad se configuran desde un profundo abolicionismo y al mismo tiempo desde una fuerte impronta que cuestiona las políticas de prostitución. Si bien la distinción trabajo sexual/explotación sexual no se remonta a todo el siglo, una genealógica supondrá el análisis de las experiencias vividas que actualmente implica el trabajo sexual en relación con los sentidos que la prostitución adquiría en diversas épocas.

La categoría de genealogía implica leer a contrapelo los documentos y las fuentes con las que se trabaja, para dar cuenta de los sentidos que se silencian.

En este artículo, presentamos los avances de un trabajo de campo que transcurrió por documentos oficiales e historiográficos, los primeros registros de la prostitución local y algunos más contemporáneos, que consisten en las ordenanzas municipales, los expedientes de la Gobernación del Territorio Nacional de Santa Cruz y del Concejo Municipal de Río Gallegos, sesiones parlamentarias y audiencias públicas. También se presentan los análisis elaborados a partir de entrevistas semi-estructuradas a mujeres adultas que ejercen prostitución por su propia voluntad, realizadas durante el último año (2015-2016). Es importante mencionar que las mujeres entrevistadas ejercen en departamento privado o en bares mediante la modalidad de la copa. Estas diferencias de escenarios repercuten en los espacios y formas de organizar la actividad.

El análisis cultural que se propone nuestra investigación [5] nos posibilita entender cómo se hacen, desafían, cambian, etc. los contextos, en cuanto estructuras de poder y dominación (Grossberg, 2009). Pensamos al cambio histórico como la articulación y la tensión entre distintas tradiciones, formaciones e instituciones (Williams, 1980) al tiempo que asumimos la centralidad de los sentidos que los sujetos le otorgan a la experiencia. Sobre lo anterior, compartimos la idea de que las mujeres segregadas en las representaciones dominantes, "producen una cantidad significativa de testimonios, biografías, relatos de vida y experiencias que desafían cotidianamente a las previsiones hegemónicas con una fuerza política no despreciable" (Elizalde, 2008:23).

 

2.1. Comunicación, cultura y género

La comunicación como proceso cultural genera una circulación de conceptos, teorías y métodos de una disciplina a otra, aportando dinamismo, creatividad y capacidad de innovación (Giménez, 2011). Esto supone y demuestra que las fronteras disciplinarias transcurren en una porosidad y que la comunicación está en la encrucijada de las demás disciplinas y eso le permite ser una ciencia pluralizada con un punto de vista analítico específico: la dimensión simbólica o comunicativa de la sociedad.

Si la comunicación es entendida como un proceso de producción de sentidos, el lenguaje y el intercambio son elementos fundamentales para el estudio de los fenómenos sociales que intentan comprender los significados que los sujetos le otorgan a sus prácticas.

En este sentido, nos interesa recuperar los aportes de los estudios culturales porque nos permiten comprender el fenómeno de la prostitución desde una dimensión simbólica, es decir, la pugna por los sentidos en torno a la prostitución, la negociación del cambio social que se inscribe en las experiencias de mujeres que ejercen prostitución entendidas no ya como marca de autenticidad (McRobbie, 2003) sino como una intersección en la que se entraman las condiciones materiales, simbólicas y las posibilidad de configuración y enunciación de esas condiciones, que marcan la vida cotidiana, la memoria y las expectativas del grupo identificado como mujeres por el discurso hegemónico (Ficoseco, 2014). Por un lado, nos interesa el sentido de las acciones en términos de posiciones concretas, y por el otro, la relación de los sujetos con esas condiciones y su posibilidad de percepción de acción histórica (Delfino, 1996).

Esto quiere decir que un análisis cultural sobre la prostitución debe tender a leer las estructuras de relación en términos de cómo ellas son vividas y experimentadas por las mujeres que ejercen prostitución. Así, la experiencia tiene un papel importante porque se trata de dónde y cómo la gente experimenta sus condiciones de vida, las define y responde a ellas (Hall, 1994). Esta perspectiva nos permite indagar cómo los sujetos de la interacción conectan sus propias vivencias con las representaciones culturales de esas mismas experiencias vitales, teniendo en cuenta cierta dialéctica entre las estructuras y los sujetos. Es decir, se busca analizar la opacidad de los procesos simbólicos de distribución del acceso a la participación, "definir la especificidad de las luchas culturales como de comprender la especificidad de las condiciones en que lo cultural entra en relación con lo político y lo económico" (Delfino, 1996:195). En fin, no se trata de analizar las representaciones de la prostitución sino de construir una trama narrativa que implique poner en relación las enunciaciones con las propias condiciones en las que estas tienen lugar en el marco de procesos de luchas y resistencias.

De esta manera, la propuesta genealógica nos lleva a preguntarnos por las fuerzas culturales que conforman los significados de la prostitución en el marco de los contextos político y territorial particulares, cómo surgieron y cómo cambiaron, por qué y cómo se privilegia en la cultura local a ciertos sujetos mientras que se margina a otros, poniendo el foco en las experiencias de esas mujeres en tanto sujetos subalternos.

 

3. Resultados

3.1. Reglamentarismo/Prohibicionismo en Río Gallegos (1912-1937)

De una primera exploración en los registros del Archivo Histórico Municipal de Río Gallegos y del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz se aprecian las prácticas reglamentaristas entre 1912 y 1937 de una población en proceso de crecimiento urbano en el sur del Territorio Nacional de Santa Cruz. De esta manera, se identificaron una serie de reglamentos y ordenanzas que fueron transformando la regulación de las casas de tolerancia y prostitución en el municipio y exigiendo cada vez más controles a los prostíbulos y a las prostitutas.

Precisamente, el control jurisdiccional por parte del Concejo Municipal de Río Gallegos inicia en 1912 [6] , una vez constituido el gobierno comunal [7] . Con su creación, se inaugura una serie de ordenanzas, entre ellas la Ordenanza Municipal N° 10 de Ejercicio de la Prostitución y Establecimiento de Casas de Tolerancia. Allí se definía que las gerentas debían ser mujeres y se consideraba prostitutas a todas aquellas mujeres que regenteaban una casa de tolerancia o inclusive quienes prestaban servicio doméstico, excepto si tenía más de cuarenta años.

No obstante la normativa municipal, las atribuciones del Concejo Municipal y de la Gobernación no estaban definidas con claridad. Mientras que el Concejo Municipal tenía a su cargo el ejercicio de la prostitución y el establecimiento de las casas de tolerancia, la Policía del territorio de Santa Cruz no dejó de ocuparse del control moral, generando conflictos entre ambas autoridades.

Se puede apreciar cómo la policía se esforzaba en mantener la moral y las buenas costumbres mientras que el Municipio se ocupaba de la recaudación y la inspección médica. Al igual que en otras ciudades, el control que ejercían las municipalidades fue mucho más flexible que el de la Policía aunque "se contrapuso a un seguimiento directo e inmediato de los prostíbulos, ya que éstos eran una de las principales fuentes de recursos municipales" (Di Liscia y otros, 1999: 13), algo que se incrementa en los pueblos a diferencia de las grandes ciudades (Guy, 1994). Esto provocó que el ejercicio de la actividad oscilara entre la legalidad, la ilegalidad y la clandestinidad absoluta (Morcillo y Justo von Lurzer, 2012) aunque en la reglamentación nunca fue considerada una actividad delictiva.

El primer conflicto entre ambos se registra cuando la policía ordena a un grupo de regentas que no permitan a sus pupilas salir a la calle, con excepción del día de la visita médica, pues se les prohibía transitar por las calles céntricas (A.H.M., Exp. N° 38-PM-1914) Ante esta medida, el Concejo Municipal le comunica al Gobernador del Territorio que esas eran atribuciones de la municipalidad y que le ordene a la Policía abstenerse de dictar medidas que reglamenten la prostitución porque eso generaba incertidumbre en las personas que debían cumplir las reglamentaciones. Por su parte, la Jefatura de Policía contestó que solo se trató de una conversación con dos regentas luego de oír "las quejas de la gente honesta ante el avance de la inmoralidad en auge y con el propósito de contener dentro del límite de sus atribuciones, el escándalo inoperante" (A.H.M., Exp. N° 38-PM-1914).

En un párrafo aparte, el Jefe de Policía aclara que "es público que esas pupilas se exhiben en las puertas de sus guaridas, haciendo ostentación de indumentarias que pugnan con la decencia" y que el objetivo fue "impedir que sus pupilas se mezclen con las damas de esta sociedad, como aconteció la noche de la misa de Gallo" porque su misión es "guardar el orden público, la moral y las buenas costumbres" (A.H.M., Exp. N° 38-PM-1914). Estas expresiones muestran los parámetros morales que guardaba la Policía, clasificando a las mujeres entre las "damas de sociedad" y las de poca decencia. Claramente, la identificación de las mujeres que ejercen prostitución permitía diferenciarlas de aquellas mujeres que cumplían con los mandatos sociales asignados a la condición femenina tales como "la procreación, la responsabilidad en la crianza de los hijos, el buen funcionamiento del hogar" (Grammático, 2000:118).

Como advierte Deborah Daich (2012), las acciones de la Policía del Territorio se ocupaban de la defensa de la moral pública y no del control delictivo porque la prostitución era legal.

Las primeras denuncias por prostitución clandestina aparecen en 1932 (A.H.M. Exp. N° 2506-C-1932) sin embargo, las denuncias que provenían de la Policía o de los vecinos estaban basadas en preocupaciones morales que se interpretan en expresiones de algún vecino que denunciaba como "Esa misma mujer alberga en una pieza interior a otras de su calaña, y aquello resulta un infierno para la tranquila vecindad" (A.H.P. Exp N° 3036/289-M-1924) o de la misma Policía:

(...) hacer notar que es una debida preocupación de ésta Policía, los numerosos lugares habitados por prostitutas, quiénes abusando de las libertades que hasta la fecha gozan, no reparan en hacer ostensible sus condiciones ilícitas, como también como consecuencia de ello han ocurrido hecho de sangre de gravedad y otras contravenciones de menor importancia, pero que siempre no deja de ser una intranquilidad en el Municipio (A.H.M., Exp. 3632-C-1936).

Este fragmento no solo indica la opinión de la Policía ante la permisividad del Municipio sino también la atribución del delito y la violencia a las mujeres que ejercen prostitución.

En cambio, podríamos decir que el Concejo Municipal siempre encontraba la manera de desestimar las denuncias de la Policía quizás más preocupados en mantener la autonomía frente a la Gobernación del Territorio de Santa Cruz y sostener la recaudación municipal (Lafuente, 1996).

Sin embargo, según la investigación de Horacio Lafuente [8] , existieron algunos puntos cercanos entre la Gobernación y el Municipio en lo referido a los controles morales y sanitarios. En 1922, por iniciativa del médico municipal ángel Gallart se amplían las disposiciones de la Ordenanza 10 en la que se prohíbe a las mujeres enfermas continuar viviendo en el prostíbulo y en cambio, sean aisladas en un local municipal en el que las regentas debían hacerse cargo de los gastos de sostenimiento y proveer el amueblamiento. Seguido de la Ordenanza N° 10, se aprobaron otras que modificaron la anterior. Una de ellas fue la Ordenanza N° 99 sobre casas de tolerancia y ejercicio de la prostitución, aprobada junto con la Ordenanza N° 100 sobre funcionamiento de cabarets o cafés servidos por camareras, ambas el 5 de junio de 1924 con entrada en vigencia el 26 de agosto de ese año. La modificación más controversial fue el artículo 4° que delimitaba la cantidad de mujeres que podían albergar en las casas de tolerancia: dos como máximo, y disolvía la función de gerente. Este artículo generó enorme malestar entre las regentas y las pupilas quienes enviaron notas a las autoridades para solicitar la derogación de la ordenanza. El artículo y la ordenanza en general modificaba tajantemente las condiciones de habilitación de las casas de tolerancia y esto preocupaba de manera especial a las pupilas y regentas.

Al acercarse la fecha de entrada en vigencia, aparecen en diciembre de 1924 una serie de notas enviadas por las regentas quienes solicitan la derogación de la última normativa aprobada. Algunas propietarias argumentaban que ellas ofrecían comodidades a las pupilas y que no se hacía explotación sexual de las mujeres y que la imposición de la nueva ordenanza provocaba que las pupilas deban hacerse cargo de los alquileres con el riesgo de que los propietarios abusen del negocio para imponer alquileres con montos elevados y esto pondría a las pupilas en una situación crítica y apremiante (A.H.M., Exp. N° 315-R-1924). Una semana después, el Concejo Municipal resuelve a través de la ordenanza N° 106 derogar el artículo 4° de la ordenanza 99 y en su reemplazo aprobar el siguiente texto: "desde el primero de Enero de 1925, las casas de prostitución solo albergarán hasta cuatro mujeres como máximum, desapareciendo desde luego la función de gerente".

Aunque no aparece en ningún expediente mención alguna a posibles situaciones de explotación sexual de mujeres, el límite en la cantidad de pupilas que podían habitar la casa de tolerancia y las observaciones que hacen tantos las regentas como las pupilas sobre las condiciones en las que ejercen la actividad, infieren cierta preocupación por la prostitución ajena, seguramente por las discusiones que se daban en el contexto nacional que, como sostiene Karim Grammático, en "las décadas del veinte y el treinta fueron el escenario donde se reeditó, esta vez de manera contundente, la lucha contra la trata de blancas" (Grammático, 2000: 120).

Posteriormente, durante el transcurso de diciembre de ese mismo año, un grupo de 24 pupilas envían tres notas al presidente del Concejo Municipal, Correa Falcón, para solicitar la derogación de la ordenanza "que las colocaba dentro del desgraciado comercio al que se dedican en una situación afligente pues obligadas las que exceden del número permitido a salir de la casa donde se hallan, quedan en su mayoría sin los recursos necesarios para trasladarse a otro pueblo" [9] (A.H.M., Exp. N° 315-R-1924). El grupo de pupilas aducía que aún con la modificación reciente continuaba siendo perjudicial para el comercio que ellas hacían siendo impracticable eliminar la función de gerente porque alguna de las cuatro pupilas debía hacerse cargo de la dirección. También explicaban que ellas habían conseguido la menor explotación posible por parte de las patronas y eso hacía que en ningún otro pueble estén en mejores condiciones (A.H.M., Exp. N° 315-R-1924). Finalmente, el presidente Falcón deniega la solicitud de las pupilas y mantiene en vigencia la ordenanza.

En particular, estas notas muestran las preocupaciones de la época ante la falta de recursos para iniciar un negocio por su propia cuenta. A pesar de esto y de las incorporaciones que se hicieron a favor de los reclamos de regentas y prostitutas, la siguiente normativa, la ordenanza 116 del año 1927 (A.H.M., Exp. N° 995-B-1927), hace que los controles sean más restrictivos al someter a todas las mujeres a la inspección médica, controlar cada movimiento de las mujeres y al incorporar un artículo en particular sobre prostitución clandestina. También vuelve a aparecer la figura de gerenta y se permiten que las casas de tolerancia fueran habitadas por cinco o más pupilas. Entonces, suponemos que las manifestaciones y reclamos de las regentas y de las pupilas formaron parte del proceso de discusión y modificación acerca de la legislación que regulaba la actividad [10] .

La prostitución clandestina aparece así como el ejercicio de la prostitución en un local no autorizado para ello y que, por intermedio de la inspección o denuncia documentada, se podía constatar y decretar inmediatamente el desalojo. De las ocho denuncias registradas, solo hubo un desalojo de una mujer en una casa particular (A.H.M., Exp. 3630-C-1936) y una última investigación fue dejada en suspenso porque al aplicarse la Ley de Profilaxis Social, el Concejo Municipal deja de intervenir en asuntos vinculados a la prostitución.

Esto hace suponer que hasta ese momento, la clandestinidad no aparecía claramente como infracción para las autoridades municipales quienes todavía no exigían a las prostitutas inscriptas en el Registro de Inspección Municipal que fijaran el domicilio en el que ejercían la actividad.

También se incrementaron los controles sobre las casas de lenocinio en cuanto al despacho de bebidas con el argumento de que en esos lugares "se fomenta el crimen, la relajación moral y se estiriliza y tara la especie" (A.H.P. Exp. 2832-J-1922). Principalmente la Policía argumentaba que los prostíbulos no eran espacios para el recreo.

Ante la Ley Nacional N° 12.331 de Profilaxis Social, aprobada en 1936 y todavía vigente, se da inicio a un período prohibicionista, a través del artículo 15 que prohibía el establecimiento de casas o locales donde se ejerciera la prostitución o se incitara a ella, en todo el país. La finalidad fue aportar a la campaña para combatir las enfermedades venéreas y así, mantener fuera de peligro la salud de los varones y en consecuencia, proteger del contagio de enfermedades venéreas a las cónyuges de esos varones. Por ello, el 29 de junio de 1937 el presidente del Concejo Municipal resuelve clausurar las casas de tolerancia registradas dentro del ejido municipal (A.H.M., Exp. 3864-P-1937) [11] .

 

3.2. La peculiar tolerancia

Podríamos decir que un segundo momento de los modos de la prostitución comienza en 1989 cuando el intendente municipal resuelve trasladar todos los prostíbulos a tierras fiscales ubicadas detrás de la terminal de ómnibus [12] , lugar que luego se dio a conocer como el barrio de Las Casitas, un singular espacio en el que se podía recorrer en solo dos manzanas 29 prostíbulos en los que se observaban carteles de identificación, calcomanías con los modos de pago y las clásicas linternas de colores que asomaban las mujeres desde las ventanas de los locales.

El debate por la regulación de "Las Casitas" aparece en el 2006 cuando se termina la prórroga del otorgamiento de las tierras fiscales en el 2004. Así es que se aprueba una ordenanza para encuadrar a los prostíbulos bajo la figura de "Cabaret" [13] . Esta operación tenía como finalidad la recaudación de impuestos y el debido control de las habilitaciones comerciales frente a la desigualdad comercial que denunciaban los dueños de otros negocios del rubro entretenimiento. De aquí que el vínculo de estos prostíbulos con la diversión en Río Gallegos sea muy estrecho.

Sin embargo, la preocupación sobre este espacio surge con mayor fuerza cuando se identifica que los/as jóvenes asisten a los prostíbulos en el marco de ese itinerario que tenía como antesala la concurrencia a un boliche bailable cuyo cierre por ordenanza debía ser a las seis de la mañana. En efecto, el horario y los lugares de diversión adecuados para la población juvenil se habían puesto en debate en una Audiencia Pública organizada por el Concejo Municipal en agosto de 2008. Dado que solo ocho locales habían realizado el encuadre como Cabaret, las ordenanzas sobre los horarios nocturnos no alcanzaban a todos los prostíbulos por lo que se debía encontrar alguna manera de encuadrar a los locales como lugares factibles de aplicación para la ordenanza.

En junio de 2009, todo el barrio de Las Casitas fue clausurado por la Justicia Federal tras una denuncia de trata de personas y venta de estupefacientes. Esto provocó una división social de grupos a favor y en contra del cierre. Quienes estaban en contra pensaban en la prostitución como "el oficio más antiguo del mundo" y como "un mal necesario" y cuestionaban la clausura haciendo foco en la necesidad de regular el comercio y de que sea trasladado a lugares aislados de la ciudad para resguardar a las familias y proteger la salud pública de la comunidad, según consta en los artículos de prensa y los comentarios de las notas online (Behrens, 2012).

Dos años después de la clausura, un grupo de 17 personas, autodenominado dueños/as de "Las Casitas", presentó un alegato para pedir la reapertura de las "casas de tolerancia" ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia [14] . También se realizó una marcha en el centro de la ciudad para pedir la reapertura. Allí participaron personas que trabajaban o eran dueños/as de los prostíbulos [15] .

En junio de 2011, la Cámara Federal de Apelaciones respondió el alegato a favor de los dueños de los locales mediante un fallo que ordenó levantar la clausura de los ocho locales que contaban con la habilitación de "Cabaret", es decir, que los otros restantes podían reabrir si se inscribían en la oficina de comercio y cumplían con los requisitos exigidos. El motivo del fallo se basaba en la falta de pruebas del delito de trata de personas [16] .

Con este panorama, en agosto de ese mismo año se presentó en el Concejo Municipal un proyecto de ordenanza en el que se proponía realizar otra Audiencia Pública para decidir la reapertura de "Las Casitas" teniendo en cuenta los ocho locales que estaban encuadrados como "Cabaret".

De los documentos oficiales asociados a estos dos eventos locales (la Audiencia Pública del 2008 y la sesión parlamentaria del 2011) nos interesa destacar que a diferencia de la estigmatización que aparece en los discursos hegemónicos sobre prostitución que representan a las mujeres como "prostitutas", criminales, fuentes de infección, inmorales o víctimas (Infeld, 2009; Barrancos, 1999; Justo von Lurzer, 2008a), se observa que las representaciones de la prostitución subyacentes en el discurso se caracterizan por representar a las mujeres como libres y autónomas atenuando la carga estigmatizadora.

En primer lugar, aparece una distinción entre prostitución y explotación sexual que en algunos casos se presenta con una clara separación conceptual y en otros casos se confunden en la descripción:

Creo que ninguna mujer le debe gustar que un hombre cobre por hacerla trabajar y más en este tipo de situaciones, entonces como me merecen el respeto todas las mujeres creo que esto no puede ir a un debate público porque nadie se tiene que sentar a cuestionar qué es lo que quiere el otro para su vida personal. (...) Son decisiones individuales (Adriana Reyes, concejala del FVS, SO). [17]

"Nadie se tiene que sentar a cuestionar" es una expresión que apunta a la construcción de cierta libertad y autonomía por parte de las mujeres. Al mismo tiempo, reconoce una situación de dependencia cuando dice que "a ninguna mujer le debe gustar que un hombre cobre por hacerla trabajar" pero sigue ubicándola en un plano de voluntad cuando finaliza con la expresión "son decisiones individuales".

Otro concejal, el único que argumentó que existe un vínculo entre prostitución y trata de personas, prefirió denominar al ejercicio individual de la prostitución como "prostitución libre" para referirse a la prostitución ejercida de manera individual -o al trabajo sexual autónomo como lo denominan los sindicatos de meretrices- en contraposición a la trata de personas: "Cuál debería ser a su entender o qué es lo que proponen respecto del ejercicio de la prostitución libre, dejando de lado por supuesto el aberrante delito de la trata de personas" (José Luis Janezak, concejal de Encuentro Ciudadano, SO).

El mismo concejal recuerda que en el 2006 "la decisión política e institucional del Municipio era facilitar y propiciar la regularización de las Casas de Tolerancia, esa era la tendencia, todavía no se tenía conciencia de la situación de hoy". Pero también el concejal tiene una doble preocupación: por un lado, asocia el ejercicio de la prostitución con "los controles que se deben garantizar desde las políticas públicas, seria e integral que hagan cumplir las normativas vigentes en aspectos relacionados con controles que deben realizarse de seguridad, salubridad, higiene"; y por el otro, insiste en "proponer políticas para prevenir, desalentar y combatir la comisión de delitos como la trata de personas".

Al igual que el primer comentario de la concejala, no es claro cuál es la definición. Si es relevante la trata de personas el foco no debería ser el control de "seguridad, salubridad, higiene" sino otros aspectos vinculados a la migración, a las redes mafiosas o tal vez a la complicidad de los poderes.

En otras intervenciones, la construcción de autonomía sí aparece más contundentemente:

Acá no se debe discutir una cuestión social en la cual van a entrar principios de valores, principios morales, principios de tradiciones o no tradiciones, en la cual si corresponde o no corresponde tener una zona roja, si corresponde o no ofrecer el cuerpo en venta, ofrecer una noche sexual en forma económica, no pasa por eso, pasa por cuestiones que tienen que ver con la prevención (Adriana Reyes, concejala del FVS, SO).

La oferta del cuerpo o de la noche sexual a cambio de dinero es una acción que ejercen las mujeres. Otro concejal también tuvo expresiones que abonan a esta representación. Luego de contar que tres mujeres que hacen sexo comercial se acercaron a conversar con él para expresarles que a partir del cierre de "Las Casitas" sus condiciones laborales eran más riesgosas debido a la situación de calle, el concejal aclaró:

Acá no es un solo aspecto, hay que cuidar el control sanitario de las personas que quieren ofrecer su cuerpo, tenemos brotes muy grandes y conocidos por todos como son las enfermedades venéreas, el Sida, quién controla a una persona que está en la vía pública (Pablo Fadul, concejal de la UCR, SO).

y en otro fragmento agregó: "todavía se está a tiempo de poder evitar que encontremos en cada esquina de la Ciudad personas que ofrecen su cuerpo, sin tener ni la más mínima seguridad para ellas y para los posibles o potenciales clientes que tengan" (Pablo Fadul, concejal de la UCR, SO). De esta manera, la construcción de autonomía se hace en paralelo a la preocupación por el higienismo.

A lo anterior se agrega cierta ingenuidad, es decir, esta libertad de decisión se intenta demostrar en una especie de objetividad asociada a la idea del comercio. Con esto nos referimos al objetivo de construir la idea de una "prostitución libre" a través de nominalizaciones como "dueño" o "empresario", que se asocian a la idea de comerciante y de negocio legal. Al mismo tiempo, las mujeres son presentadas bajo las nominalizaciones de "alternadoras" o "chicas de la noche" haciendo hincapié en la franja horaria nocturna y en la controvertida actividad de "alternar" [18] . Las expresiones que utilizan los concejales durante la SO reducen la carga sexual.

Sin embargo, la sexualidad aparece ante la necesidad de regular, es decir, cuando el cuerpo de las mujeres es nombrado de manera explícita en el discurso institucional del municipio aparece como móvil de las políticas de control sanitario, administrativo y espacial. Como expresa la intervención del concejal Gómez Bull: "¿vamos a terminar con la prostitución?, no, no vamos a terminar, lo que tenemos que ver es de qué manera se puede controlar". O las siguientes asociadas al peligro,

(... ) quiero prevenir que no saquemos las casitas de tolerancia, porque somos una de las ciudades que estamos salvados que las meretrices anden por las calles de nuestra ciudad y quienes provienen de diferentes lugares anden buscando sexo por el centro de Río Gallegos (Luis Carlos Mendoza, padre, AP).

Todos los argumentos se utilizan para indicar lo que debería existir en Río Gallegos: se debería controlar, reglamentar, cobrar impuestos, proteger la salud pública, la higiene y la moral. Estos señalamientos posicionan a "Las Casitas" en un marco de no-legalidad. Nada de lo que se menciona se hace porque no existe legislación para eso. De ahí la necesidad de darle un marco legal a "Las Casitas".

También nos interesa destacar los enunciados vinculados al espacio que se construye, se destina para el ejercicio de la prostitución.

(...) podríamos evaluar si sería conveniente que exista un solo ingreso y egreso de las casitas, hacer como una red de contención, un marco. Y hay otra cuestión importante que también es responsabilidad del municipio, que hoy por hoy respetando la normativa vigente las casitas deberían ser habilitadas como cabaret, no pueden seguir funcionando en estas condiciones, donde hoy no se ejerce ningún tipo de control, si las habilitamos por lo menos como cabaret, además que se deben respetar y controlar las condiciones mínimas de seguridad e higiene, todo lo que tiene que ver con la recaudación municipal (José Luis Janezak, concejal de EC, SO).

Las expresiones anteriores muestran cómo se deposita en las "prostitutas" la causa de las enfermedades de transmisión sexual y la propagación de conductas inmorales, sin advertir que probablemente sean los varones quienes contagian a las mujeres que no se niegan a las relaciones sin preservativo, deseo de los clientes. Esto es importante de destacar porque se observa la tendencia a "invertir la carga de la prueba" (Segato, 2003), es decir, se acepta que los varones consuman sexo comercial pero los peligros solo se depositan en las mujeres haciéndolas responsables de ellos.

Por eso se insiste en la conformación de fronteras y en el permanente control administrativo y sanitario como principales argumentos para la regulación de "Las Casitas". En este aspecto, las técnicas para la distribución de los individuos (Foucault, 1986) en el espacio resultan adecuadas para analizar cómo aquellas relaciones sociales se inscriben en el lugar [19] . Puesto que la organización del espacio responde a métodos disciplinarios que imponen una relación de docilidad-utilidad y actúan como fórmulas generales de dominación. De esta manera, las prácticas de la prostitución pueden servir de resguardo de las jerarquías sexuales existentes (Juliano, 2003).

Con este emplazamiento, se aplica una tolerancia a la prostitución para permitir su control, delimitar el espacio y separar a las mujeres. La idea básica es "como no se puede erradicar, las controlamos" y para eso es necesario segregar a esas mujeres, establecer fronteras espaciales en donde la sexualidad contingente permanezca oculta.

A pesar del estigma con el que cargan las mujeres, contradictoriamente, la prostitución es utilizada para sostener estructuras sociales, políticas y económicas. En un doble sentido, se reconoce la actividad y al mismo se la separa. Estos lugares poco visibles permiten al mismo tiempo el acceso para el control y la vigilancia. Para ello es necesario configurar el espacio prostibulario desde el proceso de guetificación de lo urbano.

 

3.3. El abolicionismo en alza

En paralelo a la clausura de Las Casitas en el 2009, se profundizó el abolicionismo en el país [20] . En este marco, la prostitución local se restringió a a la modalidad de departamento privado o en bares mediante el consumo de la copa [21] . Las formas de contacto son a través de las redes sociales, papelitos que dejan en los cajeros automáticos de los bancos o antiguas agendas de clientes.

De las entrevistas que realizamos observamos, en primer lugar, una racionalidad económica: inician la actividad en la crisis económica del 2001 o luego de irse de la casa familiar y continúan la actividad como forma de superar una separación matrimonial, una viudez, pagar los estudios, etc. Algunas trabajan en comercio o en la administración pública pero explican que un único sueldo no les alcanza y lo que ganas lo usan para sobrevivir y/o mantener a sus familias. La racionalidad económica también se vincula al tiempo que le dedican a sus clientes, es decir, intentan "liberarse" del cliente en el menor tiempo posible y cobrar el mismo dinero que ganarían en un "pase" completo.

En segundo lugar, observamos una racionalidad de la sexualidad: reniegan de las relaciones sexuales gratis, se niegan a la gratuidad si no están enamoradas. En algunos casos ingresan a la prostitución intrigadas por ciertos aspectos de la sexualidad "a mí me llamaba la atención esas mujeres que aparecían en el diario" (Mayra, 29 años). Sin embargo, en los discursos predomina la diferencia entre el trabajo y el placer:: "para estar con alguien gratis tengo que estar enamorada si no, ¡no! yo te cobro" (Mayra, 29 años) y otra con un argumento similar decía "¿por qué le voy a prestar mi cuerpo a alguien?" (Belén, 30 años). Algunas inclusive obturan la posibilidad de sentir placer durante un encuentro cuando explican que "el cliente es el cliente y yo le doy un servicio" (Virginia, 52 años).

Si bien en sus discursos se explicita la necesidad económica, el deseo de "dejar" la prostitución o la diferencia entre el placer y el trabajo, las prácticas sociales conforman la materialidad de una sexualidad que cobra sentido en su propia lógica interna, es decir, existe en sus biografías una forma de concebir a las relaciones sexuales por afuera de las tradiciones que regulan las normativas de la femineidad.

Otra de las observaciones se vincula con las preocupaciones acerca del riesgo sanitario sobre sus propios cuerpos, a diferencia de los discursos institucionales preocupados por la salud pública que solo se enfoca en los clientes varones. En relación al uso del preservativo, las entrevistadas decían: "pero con todos usos preservativo, uso alcohol, no salgo, no me chupo, no soy una mina que fume ni me drogue, no salgo al boliche, touch and go, ¡no! (...)" (Natalia, 26 años); "Algunos dicen que no están acostumbrados, que no sienten, que les sale alergia pero eso es mentira" (Belén, 30 años).

Respecto de la organización colectiva resulta interesante referirnos a dos situaciones concretas: la primera es el cierre de los prostíbulos del barrio de Las Casitas de junio de 2009 y la segunda es el decreto presidencial del 2011 que prohibió la publicación de avisos de oferta de comercio sexual.

En la primera situación, varias mujeres que ejercían prostitución salieron a las calles céntricas en una manifestación pública para pedir por la reapertura de Las Casitas. Esto no solo significó una transgresión de los límites oficiales entre el espacio destinado a la prostitución y el espacio libre de inmoralidades sino que también, el traslado de las mujeres al centro de la ciudad implicó la posibilidad de apropiación del espacio urbano y de lugares propicios para disparar otros imaginarios mediante un itinerario de resistencias urbana y corporal. No obstante, estas mujeres reclamaron escondiendo sus rostros bajo máscaras y pasamontañas, porque viven, experimentan y corporizan el estigma de la prostitución.

Imagen 1. Marcha por la reapertura de "Las Casitas" en las avenidas principales de Río Gallegos. Fuente: www.tiemposur.com.ar

 

En la segunda situación, las mujeres que ejercían de manera autónoma en departamento privado se vieron afectadas en lo económico porque ya no tenían cómo difundir su servicio. En ese sentido, todas las entrevistadas fueron enfáticas en diferenciar la prostitución de la trata de personas. Particularmente una de las entrevistadas que encabezó la protesta del 2011 decía:

Yo anduve por todos lados para que me apoyen en mi protesta, ¡para que me apoyen! ¿Cómo es? Nos están sacando nuestra fuente laboral. Vamos a Nación. Si es la presidenta la que puso ese decreto, esa ley, porque tiene un problema con el diario Clarín, porque Clarín facturaba dos millones de pesos cuando tenía el rubro 59. 'Ah vamos a tumbar a Clarín, le sacamos los avisos', no es que lo pensó por la trata, ¿qué trata? ¿Por qué no hicieron un censo? 'A ver, vamos a ver las chicas que están en privado trabajando por comisión, vamos a ver las que trabajan en la calle, vamos a ver las que trabajan al 100% para ellas solas, las que son dos o tres que alquilan en un lugar y cada una hace su moneda'. O sea, no pensaron en eso, directamente sacaron el aviso y chau (...) (Mayra, 29 años)

Lo que nos interesa o lo que nos pone a discutir las expresiones de las entrevistas es cómo el discurso de la trata de personas y de la explotación sexual las excluye de las decisiones estatales. Algunas observan falta de ofertas de capacitación y oficios para las que quieran dejar la actividad o inclusive reclaman el reconocimiento de la AFIP para que puedan poner en blanco sus ingresos y de esta manera aportar a una jubilación.

 

4. Conclusión

Es posible sostener que ya sea para permitirla, tolerarla u ocultarla, la prostitución cumple un rol trascendental en las conductas sexuales de varones y de mujeres, es decir, en el orden sexual imperante. De igual manera sucede con las políticas que toman como parámetro a la prostitución porque muchas de las decisiones que se toman se realizan bajo el manto de la moralidad y la protección de las buenas costumbres que tienen como principal sujeto a las mujeres y a sus hijos. Esos hijos, jóvenes, preocupan al Estado y a las instituciones en el marco de sexualidades posibles. De esta manera, el Estado se ocupa de garantizar a los varones las condiciones para mantener su masculinidad y al mismo tiempo, se preocupa por que las mujeres permanezcan castas y que no sean mezcladas con las mujeres "de baja moral". Es ahí donde encontramos una protección desigual de la sexualidad que dirige toda la atención hacia la prevención de prácticas sexuales femeninas inadecuadas.

Las prácticas que implican cierta sexualidad disidente son juzgadas por la sociedad porque se mide a las mujeres desde patrones normativos de femineidad. Seguramente, como para muchas de las mujeres y travestis que ejercen prostitución, la necesidad económica es tal vez la más fuerte al momento de tomar la decisión de iniciar, de permanecer o de volver, pero aparece aquí otra dimensión de la prostitución que es válido mencionar: el modo en que la sexualidad es concebida por los discursos hegemónicos y por los sujetos subalternos.

De ahí que nos interesa la posibilidad de una reconstrucción genealógica que intente recuperar los acontecimientos singulares para entender el "orden de los discursos" y pensar a la prostitución no desde el origen sino desde una trama de múltiples escenas.

En primer lugar, encontramos que en los discursos institucionales de principios de siglo, la sexualidad no es mencionada explícitamente pero con eufemismos se señalaba la inmoralidad y los actos impúdicos que por su idiosincrasia debían ser controlados con severidad desde las instituciones públicas. En tiempos contemporáneos, la sexualidad sí se menciona pero únicamente para destacar el vacío legal y la necesidad de regular la actividad. Sin embargo, el reconocimiento cultural que se hace de la prostitución aparece predominantemente con eufemismos como alternadora o casita. Estas no pueden disociarse de las connotaciones negativas que se vinculan a la prostitución, relacionadas con los procesos de ocultamiento del cuerpo y del espacio prostibulario como condición para tolerar la prostitución. Esta omisión de la sexualidad aparece para habilitar el reconocimiento de lo que existe en Río Gallegos: "eso que se hace ahí". Tal parece que el pudor que las autoridades y funcionarios tienen para hacer explícita la dimensión sexual estuviera lidiando con la sexualidad de las mujeres que ejercen prostitución, una sexualidad ininteligible, inefable.

En la actualidad, reconocer el reclamo de estas mujeres implica transformaciones sociales que intervienen en la cultura y nos pone a rediscutir los límites de la sexualidad y también de su visibilidad en el espacio urbano. El reclamo de las trabajadoras sexuales por el reconocimiento legal del trabajo sexual [22] requeriría en primera instancia del respeto por las libertades individuales y por las sexualidades contingentes por parte del Estado.

En segundo lugar, podemos considerar cómo los sentidos en torno a la prostitución se han ido modificando a lo largo de la historia. El más llamativo es quizás el modo en que se concebía la finalidad de los prostíbulos: en la primera mitad del siglo XX, los lenocinios no tenían como destino ofrecer un tiempo de recreación sino que se limitaban a la satisfacción de las necesidades carnales masculinas. En tiempos más contemporáneos, hemos visto cómo las representaciones de la prostitución se basan en la práctica de la diversión.

El recorrido por los primeros años de regulación de la prostitución del siglo XX nos confirma que en los Estados reglamentaristas a las mujeres se les dificultaba ejercer prostitución de manera autónoma y por eso, muchas terminaban ejerciendo en la clandestinidad. Paradójicamente, en la actualidad, la opción del Estado por las políticas abolicionistas también excluye a las mujeres que ejercen prostitución. En la medida en que no penaliza la prostitución pero tampoco la reconoce, se genera un vacío legal que aísla a estas mujeres llevándolas, en muchas ocasiones, a vincularse en redes de explotación [23] .

A modo de cierre, podemos concluir que la prostitución en Río Gallegos durante el período 1912-2012 se caracteriza por tres momentos fundamentales. El primero se constituye por los regímenes reglamentaristas y prohibicionistas que acontecían a nivel nacional, en este momento se puede apreciar cómo ambas regulaciones opuestas entre sí conviven al mismo tiempo acordando en la opresión -el ocultamiento, la sospecha- de las mujeres que ejercen prostitución. El segundo momento se define por una impronta local que tiene como peculiaridad la organización de un barrio de prostíbulos y trae como corolario las contradicciones que tienen los anteriores regímenes poniendo en crisis ambos paradigmas de regulación. En un tercer momento que tiene como trasfondo a la corriente abolicionista, se destacan las alternativas que las mujeres han encontrado para continuar con la actividad y los reclamos ante la falta de diálogo con las instituciones públicas.

De esta manera, se pasa de comprender a la prostitución en su origen como "el oficio más antiguo del mundo" y desde lo local, como esa práctica que siempre estuvo organizado por las normativas de los gobiernos, historizar esos acontecimientos singulares hacia la reconfiguración de una trama que nos permita comprender los modos actuales de la prostitución local, es decir, deconstruir los saberes acerca de lo que "siempre ha sido" y hacerlos estallar para que florezcan la multiplicidad de experiencias.

 

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Notas

 

[1] Licenciada en Comunicación Social, Docente investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Argentina.

Becaria Doctoral CONICET en Comunicación, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 

[2]También el feminismo activista participa de esta polarización acerca de la prostitución. En Argentina, las principales organizaciones que protagonizan cada una de las posiciones son AMMAR CTA que defiende los derechos de las trabajadoras sexuales y AMMAR Capital que tiene como objetivo la conquista de derechos para que las mujeres elaboren alternativas a la prostitución. Para profundizar en este aspecto, véase Berkins y Korol (2007), Justo von Lurzer (2006; 2008b), Sánchez y Galindo (2007).

[3] El enfoque abolicionista reconoce la existencia de prostitución, se pronuncia en contra de su ejercicio. Pero su fin no es penalizar a la persona que ejerce prostitución sino a los terceros que la promuevan y/o lucran con ella. Su objetivo es la erradicación de las condiciones que generan la prostitución para que finalmente sea abolida (Morcillo y Justo von Lurzer, 2012).

[4] La caracterización que se realiza es producto del propio recorrido de investigación dado que no existen antecedentes que estudien la prostitución en la localidad principalmente en su dimensión más contemporánea. Del período 1896-1912 existe un trabajo de Esther Anchuvidart y otros (2005) y también el historiador Horacio Lafuente (1996) quien se limita al período 1912-1937.

[5] El artículo se enmarca en el desarrollo de una tesis doctoral en el marco del Doctorado de Comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata que cuenta con el financiamiento del Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

[6] El período reglamentarista en Argentina inicia en las últimas décadas del siglo XIX. La primera ciudad en legalizar la prostitución fue Rosario en 1874, pero no fue hasta 1875 que se diseminó el sistema reglamentarista en ciudades y pueblos de Argentina a partir de la promulgación de la ordenanza de reglamentación en la ciudad de Buenos Aires. Como señalan las investigadoras Herminia Di Liscia, María José Billorou y Ana María Rodríguez (1999), la legislación sobre prostitución en el país tenía en común la justificación moral que consideraba a la prostitución como un "mal necesario" y la preocupación higienista proveniente de Europa.

[7] A través de la promoción de la ley Nacional N° 1532 de organización de Territorio Nacionales que permitía el llamado a elecciones en aquellos lugares que superaran los 1000 habitantes, la Gobernación del Territorio de Santa Cruz realizó un censo local en 1911 y finalmente, se creó el Concejo Municipal el 22 de abril de 1912 bajo la presidencia de Ricardo Usher Blanco. Este cargo ocupaba funciones equivalentes a las de una intendencia local que en Río Gallegos se constituiría recién en 1959.

 

[8] Cabe señalar que en el Archivo Histórico Municipal no tuvimos acceso a los libros copiadores por el estado de deterioro en los que se encuentran. Aunque el autor no especifica con qué fuentes trabajó, es probable que mucha de la información que él trata se encuentre registrada en esos libros.

[9] Los destacados son nuestros.

[10] Cabe señalar que las resistencias a los cambios y a las Ordenanzas del Concejo Municipal fueron de parte de muy diferentes sectores probablemente por el malestar que ocasionaba el funcionamiento del gobierno comunal que carecía de organización y continuidad en los grupos que accedían a él, además de que los antagonismos existentes hacían que se sancionaran ordenanzas que luego los sucesores no hacían cumplir o eran derogadas por considerarlas inaplicables (Hudson y Cárcamo, 2014).

[11] Si bien todavía no hemos sistematizado los documentos y fuentes del período prohibicionista, podemos adelantar que aparecen registros de autorizaciones de lenocinios (casas de prostitución) por parte del Gobierno del Territorio Nacional de Santa Cruz durante los años 50. Se suman también las concesiones de la Intendencia municipal en 1989 para la instalación de los prostíbulos -barrio de Las Casitas- en tierras fiscales.

[12] Documento de la Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo, Municipalidad de Río Gallegos (diciembre de 1989).

[13] El Cabaret es el local de diversión y esparcimiento para el público, en el que puede haber espectáculos, personas que alternen o bailen con los clientes. A este tipo de locales se les exige que sus empleadas tengan un tipo de libreta sanitaria en la que se incluye una revisación ginecológica.

[16] El fallo tiene resolución luego de iniciado el primer juicio público por trata de personas en El Chaco, por el caso de una víctima rescatada en el prostíbulo "El Deseo", ubicado en el barrio de "Las Casitas". El documento no hace referencia alguna a situaciones de explotación sexual y solo se limita a descartar el delito de trata de personas. Ver http://www.elpatagonico.com/polemica-rio-gallegos-el-fallo-que-autoriza-reapertura-prostibulos-n673884

[17] Los destacados son nuestros para todos los casos que siguen.

[18] Una de las definiciones que aparece en el diccionario de la Real Academia Española acerca de alternar se refiere a distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente pero en este contexto, la noción hace referencia a las mujeres que tratan con clientes y estimulan la compra de copas. En muchas ordenanzas figuran las alternadoras como mujeres que trabajan en el lugar pero no se aclara qué función cumplen. Por ejemplo, en la ordenanza municipal sobre los espacios de diversión, se prohíbe el total ingreso de jóvenes menores de 18 años en las "actividades habilitadas para espectáculos de carácter erótico o en donde se permite el accionar con personas contratadas para alternar o bailar con los concurrentes y los locales especificados en los apartados (...) g) Night Clubs; t) Whisquerías; u) Cabarets" (los destacados son nuestros).

[19] Para una mayor profundización véase Behrens, 2015. En ese trabajo también se incluyó un análisis de las dinámicas sexuales en las geografías de poder a partir de la propuesta de la geografía feminista (Massey, 2005). Además, se analizaron las relaciones generacionales en vínculo con la prostitución así como el tratamiento desigual entre varones y mujeres identificando cierta pedagogía femenina (Juliano, 2002) hacia las mujeres jóvenes.

[20] Se aprobó la ley nacional de trata de personas en 2008 y su modificación en 2012, se logró el juicio por el emblemático caso Marita Verón, la joven tucumana desaparecida en 2002, y se multiplicaron los allanamientos por averiguación de trata de personas. En cuanto a lo local, se aprobó la ordenanza municipal para derogar la figura de Cabaret y luego se eliminó la figura en toda la provincia de Santa Cruz.

[21] El departamento privado se sostiene mediante el alquiler que pagan una o dos mujeres, ambas dedicadas a la prostitución, o incluso, en sus propios departamentos. En cambio, la prostitución en el bar comienza con la copa, esto es, los clientes consumen bebidas que salen más caras que en un bar convencional y las mujeres obtienen el 50% de la ganancia a cambio de la compañía y la conversación. El "pase" -la relación sexual- puede realizarse en el interior del bar o afuera y la ganancia es para exclusiva de las mujeres aunque en algunos bares se retienen un porcentaje según cuentan algunas entrevistadas.

[22] Nos referimos al proyecto de ley que presentó el senador nacional Osvaldo López en julio de 2013 ante el Congreso de la Nación para que se regule el trabajo sexual autónomo. El proyecto fue una iniciativa de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR).

[23] A esto se suma la falta de sindicatos que podrían contener las prácticas de explotación. Al comparar con bibliografía sobre la prostitución en otras ciudades (Justo von Lurzer, 2008a; Morcillo, 2009) creemos en Río Gallegos (y probablemente en otras ciudades de la Patagonia Sur) no existe prostitución callejera -aunque en la práctica algunas travestis se muestran en la vereda de algunos sitios de entretenimiento pero no llegan a constituir una "zona roja", denominación que se le da a la concentración de personas que ofrecen servicios sexuales en el espacio público como podría ser una plaza, una esquina, etc.- debido al clima de temperaturas bajas y fuertes vientos. Esto no es un dato menor ya que consideramos que la prostitución local tiene como característica ser ejercida exclusivamente en espacios cerrados y esta es quizás una de las causas que colabore con el contexto de explotación sexual y con la falta de organización gremial.

 

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